Inés Vazquez Noya
EditorEn el ámbito de las comunidades de propietarios, es habitual que surjan tensiones entre los vecinos. Sin embargo, la instalación de una llave en el ascensor puede resultar polémica, especialmente si se pretende utilizar como una medida para impedir su uso a aquellos propietarios que mantienen deudas.
No obstante, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece con claridad que no es legal privar a un vecino del acceso al ascensor por el mero hecho de tener recibos pendientes. Dado que el ascensor es un elemento común esencial del inmueble, garantizar el libre acceso a la vivienda es un derecho primario que la comunidad no puede restringir de manera arbitraria ni como mecanismo represivo ante los impagos.
Para apelar esta clase de medidas, el artículo 17 de la LPH resulta determinante al fijar que ningún propietario puede exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras que no sean estrictamente requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del edificio. Bajo este marco legal, cualquier modificación o instalación en los elementos comunes requiere un respaldo comunitario conforme a la normativa y no puede vulnerar los derechos fundamentales de acceso de los propietarios. Así, pretender instalar estos dispositivos para coaccionar a un vecino moroso carece por completo de amparo legal.
Si bien existen circunstancias específicas en las que la colocación de una llave o control de acceso está justificada como puede ser la mejora de la seguridad en accesos que comunican con zonas privadas como garajes, estas soluciones deben aplicarse de forma general y respetando la normativa aplicable, sin discriminar ni excluir a propietarios específicos.
La LPH deja claro que las deudas económicas deben reclamarse exclusivamente a través de los cauces legales correspondientes y no mediante restricciones arbitrarias en los servicios comunes esenciales.
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