La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si un vecino hace ruido constante por la noche, la comunidad tiene derecho a reclamar por el artículo 7.2

Los conflictos derivados del exceso de ruido, como la música a todo volumen, las fiestas nocturnas, las obras fuera de horario o los ladridos persistentes, son uno de los principales puntos de conflicto en las comunidades de propietarios.Cuando estas molestias alteran el descanso de forma reiterada, los vecinos afectados cuentan con respaldo legal aunque el problema se origine dentro de una vivienda privada. 

En concreto, el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) prohíbe expresamente a propietarios y ocupantes desarrollar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas que perturben la tranquilidad del resto de los convivientes. No obstante, para recurrir a esta vía es imprescindible que el ruido supere los límites de la normal tolerancia y presente cierta intensidad o continuidad, descartando eventos puntuales.

Para frenar este tipo de conductas, la normativa habilita un mecanismo específico conocido como acción de cesación. El procedimiento arranca con un requerimiento formal por parte del presidente de la comunidad por iniciativa propia o a petición de algún vecino instando al infractor a detener las molestias bajo advertencia de acudir a los tribunales. 

Si el aviso es ignorado, la junta de propietarios debe reunirse para autorizar el inicio de acciones legales y presentar una demanda judicial. Durante todo este proceso resulta clave recopilar pruebas que acrediten la gravedad de la situación, tales como partes de la Policía Local, mediciones acústicas, registros de incidencias o testimonios de otros residentes.

Si un juez considera probadas las molestias, la sentencia no solo obligará al cese definitivo de la actividad y al pago de una indemnización por daños y perjuicios, sino que contempla medidas contundentes para los casos más graves y reiterados: puede privar al propietario del derecho de uso de su vivienda durante un máximo de tres años o, si el infractor reside en régimen de alquiler, acordar la extinción inmediata de su contrato de arrendamiento. 

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