Si hay un coche y una moto en la misma plaza de garaje: la Ley de Propiedad Horizontal aclara si la comunidad de vecinos puede prohibirlo

En términos generales, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) no prohíbe explícitamente que un vecino pueda estacionar en una misma plaza de garaje un coche y una moto. Sin embargo, la facultad de la comunidad para intervenir depende de lo que dictaminen tanto los estatutos del edificio como el título constitutivo de la propiedad. 

Según lo dispuesto en el artículo 5 de la LPH, estos documentos regulan el uso y destino de las zonas comunes e privativas, por lo que si recogen una prohibición expresa de estacionar más de un vehículo por plaza, el propietario está obligado a acatarla sin excepción. 

En los casos donde no exista un veto explícito en la normativa comunitaria, la posibilidad de aparcar ambos vehículos depende del cumplimiento estricto del perímetro de la plaza y las normas de convivencia. Es imprescindible que tanto el coche como la moto queden completamente integrados dentro de las líneas de la plaza de garaje sin sobresalir un solo milímetro hacia los viales o zonas de paso. Además, conforme al artículo 9 de la LPH, la ocupación del espacio debe respetar los elementos comunes, garantizar la seguridad del recinto y no entorpecer ni generar molestias en las maniobras del resto de vecinos. 

Aunque la legislación no impone multas económicas de forma implícita o automática por esta práctica, la comunidad de propietarios dispone de mecanismos legales para actuar si se infringen las normas comunitarias o se causan daños. 

Por ejemplo, a través del artículo 7.2 de la LPH, la junta de propietarios puede iniciar acciones de cesación contra aquel vecino cuyo uso del aparcamiento perjudique a los demás. Esta legitimación para actuar se ve reforzada por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (como la sentencia 239/2024), la cual, si bien abordó el uso indebido de trasteros como plazas adicionales sin licencia, deja claro que la junta puede impedir cualquier uso que altere la licencia municipal del inmueble, sobrepase los límites del espacio privativo o vulnere las reglas de seguridad y convivencia del edificio.

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